La UTEP se movilizó en reclamo por la regularización de la Emergencia Alimentaria en todos los Municipios
La Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), convocó este miércoles a una Jornada Provincial contra el Hambre y reclamó la regularización de la Emergencia Alimentaria debido a la acuciante situación que vive un gran sector de los misioneros y misioneras, teniendo en cuenta que un 40% no posee un trabajo formal, situación que se agrava con la pandemia por el Covid-19.
En Posadas las organizaciones sociales de la UTEP marcharon por las calles de la ciudad hasta confluir en la plaza 9 de Julio donde entregaron un petitorio en la Casa de Gobierno, mientras que en localidades del interior hicieron lo propio en más de 30 Municipios: Santa Ana, Garupá, Candelaria, Ruiz de Montoya, Apóstoles, Capioví, Azara, Jardín América, Oberá, San Antonio, Eldorado, Andresito, San José, Puerto Rico, Bonpland, Mártires, Puerto Piray, Wanda, Concepción de la Sierra y Esperanza, entre otros pueblos.
El documento fue consensuado por los movimientos populares y organizaciones que conforman la UTEP como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Cloc Vía Campesina, la Cotrum, Somos Barrio de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Agrupación Mujeres Valientes y la CTEP entre otras.
Organizaciones sociales movilizadas en reclamo de la regularización de la Emergencia Alimentaria
En él petitorio se reclama que se regularice y aumenten las partidas para las raciones alimentarias en el marco de la Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional en cada localidad de la provincia; que las compras de verduras y frutas se hagan a los pequeños productores y cooperativas que cultivan alimentos sanos y que los Municipios trabajen en coordinación con las organizaciones de cada territorio, son algunos de los pedidos que se realizan desde que se implementó la ley, con la queja reiterada de que son más de 32 Municipios donde no se efectúa la entrega de los módulos alimentarios, y en algunos de ellos ni siquiera se llamó a conformar los consejos locales.
El 40% de los misioneros sumergidos en la pobreza
Los dirigentes leyeron el documento en la plaza antes de entregarlo en la Casa de Gobierno, y enfatizaron la exigencia de que «el Estado provincial cumpla y garantice en forma permanente y prioritaria el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de todos los misioneros y misioneras que lo requieran. Además pedimos 10.000 cupos del Programa Misiones para las organizaciones sociales, teniendo en cuenta que nuestros trabajadores y trabajadoras se encuentran muy por debajo del salario mínimo vital y móvil; necesitamos que se regularicen los pagos de limpieza y barrido en Posadas, y reclamamos Justicia por la compañera Cristina Bóveda, concejal de Bonpland recientemente destituida», manifestaron las y los referentes de las organizaciones populares que se movilizaron en diferentes puntos de la provincia.
«Algunos cuestionan y se preguntan por qué marchamos. Nuestra respuesta es que no podemos ser indiferentes mientras más del 40% de los y las misioneras viven sumergidas en la pobreza. Marchamos porque vemos que nuestro pueblo está olvidado, porque hay miles de familias viviendo en condiciones paupérrimas, con sus derechos vulnerados, sin acceso al agua potable, al suministro eléctrico, a una vivienda digna, al empleo, a la alimentación, a la educación y la salud.
Marchamos porque todos y todas somos iguales; pero resulta que las decisiones políticas del gobierno provincial privilegian sólo a algunos, entendemos que el hambre y el abandono configuran violencia, marchamos para visibilizar esta falta de derechos y esperando que el gobierno misionero responda con políticas públicas acordes a las necesidades del pueblo», expresó el diputado Martín Sereno, acompañado en la marcha por los dirigentes de la CCC, Graciela De Melo y Felipe Mazacote.
Hace unos meses, el legislador provincial presentó un Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados, solicitando que se prorrogue por 24 meses la vigencia de la Ley XIX-N° 73 de Emergencia Alimentaria, desde el 12 de septiembre de 2021 al 12 del mismo mes de 2023, en todo su contenido y alcance.