GREMIAL WEB POR EL MERCOSUR: Dictamen Favorable para Proyecto que Obliga Incorporar Indígenas al Plantel de Funcionarios Estatales
La Comisión de Legislación y Codificación, presidida por el diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), concedió dictamen de aprobación para el proyecto de ley “Que establece la obligatoriedad de incorporar a personas pertenecientes a las comunidades indígenas en las instituciones públicas”, que fue remitido por la Cámara de Senadores con media sanción.
Esta iniciativa estipula que el equivalente al 1% del personal de cada institución pública sea el proveniente de comunidades indígenas, sean estos contratados o nombrados, sin desconocer la competencia de la Secretaría de la Función Pública, que deberá entender como en cualquier otro caso.
Por otro lado, dictaminó por la aceptación del veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que modifica y amplía algunos artículos de la Ley Nº 71/1968, Que crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad, modificada por las leyes Nº1042/83 y 1300/87”.
“De aprobarse esta ley, en el 2023 la Caja de la ANDE tendría un importante déficit y cuando existe un déficit, de algún lado se tiene que conseguir para cubrir el agujero y la manera de hacerlo es recurriendo al tesoro o el aumento de la tarifa de la ANDE; entendemos que no es lo más correcto, por eso recomendamos aceptar el veto del Ejecutivo”, significó el legislador.
Igualmente la comisión asesora dictaminó por la aprobación, con modificaciones, del proyecto de ley “Que modifica los artículos 6º y 7º de la ley 5399/15, Que declara como área silvestre protegida, con la categoría de reserva de recursos manejados a la Cordillera del Ybytyruzu”, ya con media sanción de la Cámara de senadores.
El diputado Avalos Mariño significó que el Ministerio del Ambiente planteó su objeción a una parte del documento en donde se establece las penas para los infractores de la ley. “El Código Penal ya establece las sanciones para estos delitos; sería violar la igualdad teniendo en cuenta que todas las demás reservas tienen la misma protección; por eso acompañamos la propuesta, suprimiendo la parte que se refiere a las sanciones y remitirlos al Código Penal”, significó.
La propuesta legislativa de modificación, recordemos, establece pena privativa de libertad de 5 años y recomposición del daño ambiental generado.