Desalojo en Garupá: La policía violentó una vivienda, golpeó, detuvo y esposó a dos mujeres y un joven

Este lunes nuevamente una familia sufrió un desalojo injusto -en este caso la orden se emitió desde el Juzgado de Instrucción 7- en el Lote 8 del barrio Nuevo Garupá, cuya ejecución estuvo a cargo de alrededor de 70 agentes de policías de la Unidad Regional Décima, la Quinta y de la Comisaría de Fátima que invadieron violentamente la vivienda en ausencia de las familias, que en ese momento estaban trabajando y sacaron todas sus pertenencias a la calle.

Las madres, jefas de familia que habitan la casa, Mara Galeano y Paula Villar llegaron al lugar después de ser avisadas por una vecina, y se encontraron con ese atropello extremo.
Exigieron la orden de desalojo que la policía nunca les mostró, y cuando intentaron ingresar al terreno, las golpearon, no sólo a ellas sino a la madre Blanca Castillo, y al hermano de Mara, Sergio Galeano que intentó defender a las mujeres.
La policía les golpeó, los detuvo y esposó junto con Paula Villar. A Mara la subieron al móvil sin inmovilizarla porque estaba con su hija de 4 años en brazos.

Mostraban sus armas ostentando poder
El único «delito» de éstas dos familias fue resistirse a dejar la vivienda que ocupan hace más de siete años, y por las que están amparadas por la Ley Nacional 27.453 -a la que Misiones adhirió- del Régimen de la Regularización Dominial para la Integración Sociourbana, producto del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP), para reordenar más de 300 barrios en la provincia, y frenar los desalojos en los asentamientos populares.
Al lugar también llegaron militantes del Movimiento Evita, el PAyS, la FEDE y el PC, mientras el jefe del operativo se negó a que el personal del Ministerio de Derechos Humanos ingresara al terreno, y se ocupara de la situación de las mujeres violentadas.
Ante este atropello, la ministra Lilia «Tiki» Marchesini solicitó la intervención de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, quien se ocupó del estado de las cuatro personas detenidas e incomunicadas.

Las familias están protegidas por la ley
En el terreno del Lote 8 del barrio Nuevo Garupá viven hacen más de siete años, dos familias en una casa de material y cuentan con permiso de ocupación.
Paula Villar, tiene dos hijos de 8 y 11 años, y Mara Galeano, una nena de cuatro, ambas trabajan y tienen a sus familiares, madres y hermanos viviendo cerca del barrio.
«El lunes a la mañana nos fuimos temprano a trabajar y los chicos quedaron con mi mamá. Creo que los policías sabían eso porque aprovecharon para entrar cuando en la casa no había nadie. Sacaron todas nuestras cosas en el patio, y no exhibieron ninguna orden de detención cuando le pedimos.
Una vecina nos avisó que estaban desalojando y fuimos hasta nuestra casa; pero los policías no nos dejaban entrar, y entonces nos sentamos en el pasto. Nos quisieron sacar, nos resistimos y comenzaron a agredirnos, nos arrastraron y nos esposaron a mí, a la madre de Mara y al hermano que se metió a defendernos. A Mara la llevaron sin esposas porque tenía a su hija en brazos», cuenta Paula.

«Tenemos derechos sobre la casa donde vivimos»
Consciente de que tienen derechos adquiridos y ante el injusto desalojo, cuando después de cinco horas de detención en la Unidad Regional 10 de Garupá, y por intermedio de las abogadas del Ministerio de Derechos Humanos, las liberaron, y volvieron a ocupar su vivienda, como corresponde.
«No tenemos adonde ir con nuestros chicos. Conocemos el derecho a contar con una casa para vivir honestamente. Somos personas trabajadoras, fuimos censadas por el RENABAP, el suministro de luz está a mi nombre. ¿Qué más hay que demostrar?», pregunta Paula con bronca e indignación.

Cuenta que hace un año y tres meses la policía hizo un intento de desalojo también con violencia; pero sin detenidos. Sólo que en esa oportunidad, la familia estaba en la vivienda cuando llegó la policía. Esta vez los golpes y patadas fueron con mucha saña.
«A mi mamá que es una mujer grande la llevaron esposada, y a mi hermano los golpearon mucho. Mientras estábamos en la comisaría, una mujer policía, de apellido Peña, nos insultó de la peor manera, con odio, como si ella estuviera en una condición superior, y es una trabajadora como cualquiera de nosotras. También los policías se burlaban de las abogadas de DDHH, y mostraban sus armas como elementos de poder», señaló Mara Galeano.

Denuncias de DDHH, RENABAP y las víctimas
En la medianoche del lunes, las mujeres nuevamente recibieron llamadas de hostigamiento, y observaron la presencia de policías merodeando frente a la casa.
Se comunicaron con el diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), quien acudió a Garupá, y este martes gestionó protección para las familias. Además la Coordinadora Regional del RENABAP y el Ministerio de DDHH realizaron una presentación denunciando la violencia ejercida por la Policía, mientras las víctimas hicieron lo propio ante la Fiscalía de Estado.
«El atropello policial en Garupá fue terrible. Si existiera un manual de procedimientos ilegales, la policía lo aplicó completo en este desalojo contra dos familias que están amparadas legalmente por el RENABAP, cuentan con un permiso de ocupación, tienen la luz a su nombre, y viven en el terreno hace más de siete años», destacó el legislador reelecto.

Repudió el accionar de los agentes de la Unidad Regional Décima, junto a otras Comisarías que «detuvieron, golpearon y esposaron a dos mujeres indefensas y a un chico, y los mantuvieron incomunicados.
Ya se realizó la denuncia en la Fiscalía porque fue un descalabro total el accionar de las fuerzas policiales, violaron todas las leyes y los derechos constitucionales. Esperamos que el ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez tome cartas en el asunto y sancione a los responsables», enfatizó Sereno.