Familias que residen desde hace 60 años en lotes que compraron reclaman sus derechos

Un grupo de vecinos de la Chacra 188 de Posadas, se sienten alarmados ante la posibilidad de ser desalojados de las tierras que ocupan, construyeron sus viviendas, y en 1979 fueron censados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Muy angustiados por esta situación, convocaron a una reunión al legislador Martín Sereno (Frente Popular Agrario y Social), para solicitar su ayuda. Es increíble que ocurren estas injusticias con supuestos propietarios que aparecen adjudicándose tierras que estuvieron ociosas y por las que jamás pagaron impuestos.

No respetan las leyes ni la vida de las personas que habitan en el lugar desde hace tanto años. Es el caso de Adolfo Federico Méndez, que tiene 64 años y hace 60 que vive en esa chacra. Hace un tiempo se sorprendió con la aparición de un supuesto dueño de apellido Fulquet, a quien las familias no conocen y pretende desalojar a quienes son auténticos poseedores de esos lotes, expresó Sereno.

El legislador hizo hincapié en que estos vecinos y vecinas llegaron a esos terrenos cuando todo era un monte inhóspito; realizaron las mensuras, pagaron impuestos, y hace más de una década lograron bajar la luz, y luego de años el Municipio abrió la calle que cruza la Chacra.
«La primera amenaza de desalojo comenzó con la aparición de este empresario inmobiliario, enarbolando un título de propiedad y pretendiendo el desalojo de todas esas familias. Ellas acudieron a la Justicia, y desde entonces suceden cosas raras: expedientes que desaparecen de los Juzgados, policías que merodean, amenazas pretendiendo atropellar a quienes viven hace muchos años y que son más que suficientes para que ningún papel pueda expulsarlos.
Vamos a acompañarlos en la lucha y esperamos que la Justicia no favorezca a quienes hacen millonarios negocios inmobiliarios a costa de sectores que necesitan la tierra para vivir y trabajar», destacó Sereno.

Censados por la EBY hace más de 40 años
Don Adolfo Méndez tenía 4 años cuando fue a vivir a la actual Chacra 188 con sus padres, y ahora tiene 64. «De malas a primera aparece este hombre que dice haber comprado nuestro lote; pero no es así. Todos mis hijos nacieron acá, el más grande tiene 38 años.
En este lugar que cuando vinimos éramos muy pocos, murieron mi abuela, mi mamá, mi tío. Recuerdo que en esos años todo era monte; nosotros bajamos la luz recién hace más de ocho años porque era imposible entrar por las malas condiciones de las calles. Macheteamos y limpiamos todo. Tuve que sacar un préstamo en la Anses para ampliar mi casa y que mi familia estuviera mejor. 
En el año 79, la EBY realizó el registro censal a mis viejos que con mucho sacrificio construyeron su hogar. No hay derecho que nos quieren sacar de esta tierra», dice Adolfo, preocupado; pero dispuesto a luchar.
Su hija, Cecilia Verónica, 32 años, definió a la situación como «tensa y triste. Sobre todo para mis padres, mi papá nació acá, como yo y la mayoría de mis nueve hermanos. 
De a poco fuimos mejorando nuestra casa, cuando aún vivían mis abuelos. Mis abuelos y mis tías fueron censadas por Yacyretá, hay una carpeta con documentación que lo certifica. Antes de morir, mi abuela, María Bogado de Méndez, le dio una cesión de derecho por los lotes a sus hijos, quienes iniciaron los trámites correspondientes, en 1999 se realizó la cesión y un año después la mensura. Ahora hace poco apareció un señor Fulquet que dice ser dueño», cuenta.

«Nos sentimos amedrentados y amenazados»
La joven explicó que ahora el tema está judicializado, con la revisión de todo lo que hay detrás de eso. Ella entiende que hay muchas cosas que no concuerdan. «Es injusto porque tenemos pruebas, partidas de nacimiento, el censo, la partida de fallecimiento de mi abuela en el 2002. Un montón de documentación que indica que somos varias generaciones ocupando estos lotes. Pedimos es que se tengan en cuenta esas pruebas, y que haya justicia, porque nosotros vivimos acá hace más de 50 años, y ningún supuesto dueño apareció antes. 
Somos gente trabajadora, pagamos los impuestos, arreglamos el lugar, acá tenemos nuestras familias y nos sentimos amedrentados por este empresario inmobiliario», sostuvo.
Cecilia Méndez recordó que en el 2018 les llegó una orden de desalojo que fue «un calvario». No sabían qué hacer porque afectaba a sus padres que son personas grandes e hipertensas. 
Finalmente se inscribieron en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) amparándose en la Ley Provincial que suspende los desalojos, que este jueves fue prorrogada en Diputados por un año más. Solicitan a las autoridades que respeten su derecho a permanecer en ese lugar y vivir tranquilos, como antes de que apareciera este presunto dueño.

«El trabajo familiar y nuestras vidas están acá»
Uno de los vecinos de menor antigüedad en la Chacra 188, es Juan López, que lleva 10 años viviendo en las tierras. Hizo una fuerte inversión, construyó cabañas y un invernadero, un pozo perforado, y también está sufriendo el hostigamiento y las presiones como el resto de sus vecinos.
«Estamos indignados, porque tenemos toda nuestra vida, y trabajo en este lugar, seguimos de cerca los expedientes judiciales, y conocemos nuestros derechos».
Él llegó al lugar con su familia en el 2010, después de haber comprado las cesiones de derechos a Alves; quien inició la posesión total del inmueble en el que habita. Hizo el plano de mensura y en el 2001 bajaron el tendido eléctrico. 
«En el momento que acordamos la venta de los terrenos, fuimos a la escribana con la que hicimos la sesión de derechos, y entregamos las boletas de impuestos de la posesión veinteañal. Las operaciones comenzaron en el 2004, y en el 2010 mi esposa se enfermó y decidimos encarar una construcción de cabañas para que ella se alejara de una situación de estrés laboral en su trabajo», indicó.
En plena construcción apareció el señor Fulquet para notificarle la titularidad de los terrenos. «Le expliqué la compra que hice y le pedí que se dirija al señor Alves que me vendió y todavía vive en el predio, y a partir de ahí busqué un abogado. Nos presentarnos para ser parte del expediente, porque la sesión de derechos lo acredita. Mi abogado pidió al Juzgado Civil donde se tramitaba la prescripción adquisitiva de dominio y llamativamente no apareció el expediente de Alves», detalla.

«No es justo que prioricen los negocios inmobiliarios» 
Juan López refiere que cuando comenzó el hostigamiento, Fulquet los denunció por usurpación ante el juez de Instrucción, Fernando Verón, que no hizo lugar al constatar los años de residencia en el lugar, y el tema pasó al Juzgado Civil, hasta que en el 2018 salió la sentencia en primera instancia que no 
reconoce a Alves como poseedor del inmueble. 
«Es algo muy extraño porque tenemos facturas de servicios, de impuestos, planos de mensura, una boleta de Emsa del 2001 en que se hizo un cruce de calle para que pueda tener energía eléctrica.
Sabemos que Fulquet tiene una inmobiliaria y nos preocupa porque sentimos que quiere avasallar a todas las familias que vivimos acá sin importar los años que llevamos. Yo invertí los ahorros familiares en cabañas, piletas de natación, baños, quincho, y en su momento tuvimos todas las habilitaciones correspondientes sin ningún problema», advierte.
Los vecinos y vecinas afectadas apelaron, y la causa está en la Cámara de Apelaciones, y el abogado de López presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia y ahora todo quedó supeditado a la resolución de la Cámara, basándose en la documentación y en las pruebas. Las familias esperan que se resuelva satisfactoriamente según sus derechos.
El hombre pide que la Justicia sea justa, que los magistrados analicen las pruebas presentadas; que miren la realidad, que salgan de sus oficinas y caminen el barrio antes de tomar una decisión.
«Le pedimos a los señores jueces de la Justicia misionera que evalúen la documentación. No puede ser que este señor Fulquet tenga en vilo a todas las familias que vivimos en la chacra, solamente para hacer un negocio inmobiliario», señaló López.