GREMIAL WEB por el MERCOSUR: Los privilegios del Cónsul Paraguayo Rolando Goiburu
Desde que la pandemia llego a nuestro país, lo único certero, concreto que hemos tenido para llevar adelante esta situación, hasta que exista un medicamento con que combatirlo. Es la cuarentena junto a los extremos de todos los cuidados que las autoridades sanitarias nos recomienden.
Por esos motivos los que no están a favor de estas medidas y asegurar de cómo se actúa frente a ellas ponemos en gran riesgo la seguridad sanitaria y hasta las vidas de los ciudadanos que vivimos aquí en este país.
El disparador de esta nota se da exclusivamente a lo que está ocurriendo en la provincia de Misiones. Única provincia de toda la República Argentina que cuenta con mas del 80% de sus fronteras, con países vecinos(Brasil-Paraguay) y solo casi un 20% con la provincia de Corrientes en el NEA argentino.
Precisamente en la ciudad de Posadas, unida a la ciudad de Encarnación Paraguay, por el viaducto -de mayor trafico de personas y vehículos terrestres-, a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.
La ciudad de Posadas también cuenta, como la de Encarnación Py. Con sedes o asientos de oficinas Consulares Diplomáticas para asistir a ciudadanos de ambos países en tránsito por esta región de Sud América.
Sin embargo para llevar adelante o cumplir estas medidas, protocolos u otras normativas de emergencia ante la pandemia que emanan de las autoridades nacionales, provinciales, municipales o diplomáticas. Entran en un limbo jurídico y jurisdiccional impensable de donde se superponen las normativas, y todo se lavan las manos para hacerlas cumplir.
Consultadas todas estas (medidas, protocolos u otras normativas) no hemos tenido respuesta por parte de ninguna autoridad competente, ya que todos estos requerimientos es por vía Online y ningunas respuestas se ha remitido a esta redacción.
Una de ellas que es de publico conocimiento «es la del aislamiento preventivo por 14 días» que debe observar cualquier ciudadano que traspase las fronteras de alguna jurisdicción, sea provincial o internacional.
Esta última vedadas a todo ciudadanos de cualquier nacionalidad u origen, a no ser que sea autorizada por autoridades sanitarias, gubernamentales y diplomáticas para su repatriación.
Frente a estas, parecería ser que en la ciudad de Posadas y Encarnación Py., las restricciones no existen para los funcionarios diplomáticos. Es el caso del Cónsul del Paraguay con asiento en la ciudad de Posadas, Rolando Agustín Goiburu.
La conducta diaria de este cónsul (R. Goiburu) es cruzar diariamente, por varias veces el viaducto que une a ambas ciudades «sin guardar los 14 días de aislamiento obligatorio», después de regresar al país. Dichos cruces de frontera «cerrada a Autoridades Ejecutivas de ambos países» se ven vulneradas en nombre de recibir a los ciudadanos Paraguayos de regreso a su país en la cabecera encarnacena.
Lo alarmante de esta situación, es que el Paraguay (no exige prueba de hisopado, o certificado médico de estar libre del Covid-10 al ciudadano entrante), por su parte el Funcionario Diplomático transita ambas ciudades fronterizas con una «identificación especial» de la cual ninguna autoridad se hace responsable y las consultada dicen desconocer.
Esta actitud irresponsable por parte del Sr. Cónsul al que intentamos sin éxito contactar. Puede traer «un status sanitario desbordante a la ciudad de Posadas y a sus habitantes». Llama también la atención que el Sr. Cónsul Argentino con asiento en Encarnación Py. Ricardo Jose Zuberbuhler, no realiza estas actividades anteriormente relatadas, de su par Paraguayo.
Pero la sorpresa no llega solo a ese accionar por parte del Sr. Cónsul R. Goiburu. El mismo cónsul mencionó en notas periodísticas su deseo de mudar sus oficinas a la ciudad de encarnación(acción desnegada por la propia Cancillería del Paraguay).
A sus ves todas estas irregularidades no terminan ahí. Las mismas autoridades Argentinas -Nacionales, Provinciales y fuerzas de seguridades- miran para otro lado sin intervenir, ni dar explicaciones ante la opinión publica.
Estas irresponsabilidades colectivas de las Autoridades Competentes ante esta pandemia son las que ponen en riesgo toda la salud de la población sin dimensionar el daño irreversible que se le puede ocasionar a sus habitantes «por acción u omisión».