Garupá: violento desalojo de una vivienda, perpetrado por agentes de policía de la Comisaría Quinta

Una familia del barrio Santa Helena, Garupá, sufrió un violento desalojo en su vivienda, perpetrado por agentes de policía de la Comisaría Quinta, sin que mediara la orden de un juez, y sin respetar la resolución que rige en la provincia y el país sobre la suspensión de desalojos durante la pandemia por el Covid-19.

En la casa vive desde el año 2016, una familia integrada por María Angélica Sequeira, su esposo, Eduardo Chávez, médico clínico del Hospital de Roca, su hija con un bebé de un año y la pareja de la joven. 
Todos quedaron en la calle y se asentaron con carpas frente a su casa de donde fueron expulsados. En espera de una solución de la Justicia, le acercaron una carta reseñando lo sucedido al titular del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), Santiago Ros.

El diputado Martín Sereno (Frente Popular Agrario y Social) se acercó hasta la carpa donde está la familia para interiorizarse sobre la situación, a la que calificó como «una vulneración de todos los derechos humanos, sin aviso, ni justificación ni orden de un juez, y demás desoyendo la resolución de prohibición de desalojos en cuarentena y durante la pandemia.  Vemos que fue un proceso irregular, con la arbitrariedad de las fuerzas se seguridad que actuaron como una patota, sin tener en cuenta la protección de un niño, al que tiraron al piso en el desmanejo y abuso de poder. Vamos a gestionar para que se pueda resolver la situación de esta familia que permanece en la calle con todos los riesgos que implica», advierte el legislador.

«Irrumpieron brutalmente vulnerando nuestros derechos»
«Hace cuatro años que vivimos en esta casa que estaba en situación irregular y con deudas desde hacía mucho tiempo. Hicimos los trámites ante el Iprodha, y comenzamos a pagar los servicios, mientras esperamos que la titularidad pase a nuestro nombre», explica Angélica Sequeira.
Dos días antes del desalojo les llegó una notificación de la Comisaría Quinta indicando que tenía que abandonar la casa en 48 horas, pero sin la firma del magistrado. «Fui a hablar con el comisario y como era viernes, me recomendó que el lunes me presentara al Juzgado 1 a hablar con el juez donde se tramita la causa», detalla la mujer.
Pero ese mismo lunes cuando estaba camino a Posadas, la llamó su hija para avisarle que la casa estaba llena de policías dispuestos al desalojo.
«Regresé y encuentro a ella y mi nieto llorando. A cargo del operativo estaba el comisario Mancuello, a quien le pregunté las razones de esa expulsión, y de manera violenta me dijo que recibió una orden del juez Marcelo Cardozo para que procediera al desalojo; pero cuando le pido la orden no la tenía, porque «fue por teléfono», relata.
Con angustia, Angélica sostiene que el mismo comisario le entregó las llaves de su casa a un joven que no conoce, «vulnerando nuestros derechos».

«Desde el Juzgado no hubo orden de desalojo»
Angélica regresó al Juzgado de Instrucción 1 y le informaron que no emitieron ninguna orden de desalojo.
«Estamos muy angustiados porque esto ocurrió el 6 de julio y todavía no tenemos respuesta. No podemos denunciar porque tenemos miedo de la policía. 
En el Iprodha le dejé una carta al ingeniero Ros, explicando la situación, y el pedido de que interceda para recuperar nuestra casa. Hablamos con una abogada que se está ocupando de los papeles, le entregamos las facturas de los servicios que pagamos todo este tiempo. 
Somos gente trabajadora y no usurpamos nada; sabemos que la adjudicataria se fue a vivir al sur hace muchos años, y la casa estaba abandonada y con deudas, por eso el Instituto, que es quien decide sobre las viviendas del Estado, nos permitió ese acuerdo».
La familia está viviendo en carpas, y recibe la solidaridad de sus vecinos, se siente amenazada por las personas que ocuparon su casa, que además «están causando desmanes en el barrio que ya fueron denunciados», señala Angélica.

«Nos violentaron sin tener en cuenta a mi hijo»
Micaela Drewanz estaba con su bebé, cuando los policías de Garupá irrumpieron a su casa violentamente. 
«Eran las 7 de la mañana cuando escuché ruidos de gente que entraba por el pasillo forcejeando las ventanas. Empezaron a gritar, y me levanté asustada, miré a través de la cerradura y veo una cantidad de policías, y al comisario Mancuello gritando que eso era un desalojo y nos teníamos que ir todos. Volví a mi pieza llorando y entraron cinco policías. Yo estaba en ropa interior, me dicen que tenía que salir, les pedí privacidad para vestirme, y me dijeron que no porque creían que ocultaría algo. 
Me tuve que cambiar frente ellos, y les expliqué que mi mamá estaba en el Juzgado precisamente por ese tema; pero el comisario me gritó que no tenemos derecho a nada. Le pedí la orden de desalojo y me la negó», destaca Micaela con pesar.

«La policía cometió abuso de autoridad»
La joven agregó que los policías comenzaron a sacar las cosas y a tirarlas al piso; levantaron la cama donde estaba el niño que cayó al piso, mientras gritaban que estaban cumpliendo órdenes. 
«Hasta robaron plata de una alcancía en la que estaba ahorrando para el cumpleaños de mi hijo. Me rompieron una computadora, todo fue con mucha violencia; exigimos que se haga justicia porque eso fue abuso de la autoridad, los policías se pasaron de rosca. Nos echaron a la calle como si fuéramos animales», lamenta.
Reitera que no hubo orden de desalojo y eso fue una injusticia. «No tenemos donde ir y desde ese día estamos en carpas y en la calle. Nadie nos dio una explicación. Estoy muy preocupada por mi hijo, sufrimos lluvias, frío, mucha humedad porque cuando hay un chico se complica todo. Esperamos que el juez haga justicia y nos devuelvan nuestra casa», remarca Micaela.